Todos recordamos cuando un grupo
de manifestantes exaltados ingresó por la fuerza a dependencias del Congreso e
interrumpió violentamente una sesión a la que asistía el entonces ministro de
Educación, Felipe Bulnes. Este acto fue repudiado, en su momento, por todos los
sectores. -No por el contenido del mensaje de quienes realizaron la toma, sino
por el total desprecio por las instituciones democráticas y por la falta de
oportunidad de la acción. Los activistas fueron detenidos y la fiscalía inició
una investigación. Al mismo tiempo, el Gobierno se querelló, pues consideró que
la toma así lo ameritaba.
Este proceso judicial terminó, la semana pasada, con
un acuerdo reparatorio consistente en que los agresores se obligaron a hacer campañas
de difusión de la propuesta de asamblea constituyente. Este acuerdo alcanzado
por la fiscalía y la defensa de los imputados fue aprobado por el juez de
garantía.
En mi opinión hace mucho que en
Chile no ocurría algo de tanta gravedad institucional, no sólo porque en este
caso el sistema de justicia, a través del juez y del fiscal respectivos, asumió
una posición política de naturaleza partidista, sino porque se validó
formalmente la promoción de una propuesta de quiebre institucional.
No soy abogada, por lo que me
permito hablar desde el sentido común más que desde el conocimiento técnico,
pero como ciudadana entiendo que si alguien ha cometido un acto ilícito y el
sistema de persecución penal contempla la alternativa de que la sociedad y el
imputado se ahorren un juicio a través de un acuerdo reparatorio, precisamente
lo que se busca en una reparación social y, si corresponde, de la víctima. No
corresponde una reparación si no se reconoce la existencia de un daño injusto;
en este caso lo que aparece como obvio es que lo que los manifestantes que
irrumpieron por la fuerza en el Congreso lo que dañaron fue nuestra
institucionalidad democrática, que se basa precisamente en la capacidad de
resolver las diferencias políticas excluyendo para ello el uso de la fuerza.
La separación de poderes se basa
en que el rol de la judicatura es el de funcionarios que tienen por misión
interpretar y aplicar la ley. Es decir, es una labor técnica, para la que se
preparan en la Academia Judicial y por la que deben hacer una larga carrera
funcionaria. Sus opiniones personales, sus visiones políticas, sus relaciones
de amistad o parentesco tienen que quedar fuera de los juicios que hacen.
Su rol es aplicar y proteger el
estado de derecho, a través de una aplicación imparcial de la ley. Desde el
momento que un juez deja que sus propias ideas políticas permeen sus decisiones
judiciales, estamos en graves problemas. Es importante que la acción judicial
tenga límites y cuáles son los parámetros por los cuales pueden tomarse este tipo
de libertades. El mensaje que se entrega a la ciudadanía es nefasto, pues se
consiente que una acción violenta, antidemocrática y fuera del ordenamiento
jurídico sea premiada por un tribunal.
Por otro lado, en Chile el poder
constituyente tiene un titular claro, es el Congreso Nacional, ese es el órgano
que puede cambiar nuestra Constitución. Pretender privarle de hecho de esa
atribución es ir en contra de nuestra democracia y nuestro estado de derecho.
La historia nos muestra, partiendo por la de Chile, que los países que abren
esa puerta entran a un camino incierto, generalmente violento y de mucho
sufrimiento. Por eso es que lo ocurrido me resulta tan preocupante. Es insólito
que el sistema de justicia, encargado de proteger la vigencia de la ley y de nuestro
sistema jurídico institucional, a través de un juez, renuncie a su labor y
trate de vender como un acuerdo reparatorio un premio a los agresores.
Verdaderamente este acuerdo podría tener otros nombres, pero no el de
reparatorio.
Para Tejemedios escribió:
CRISTINA BITAR
LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 