Se ha abierto, con fundamento, una investigación
acerca de la veracidad de las firmas que patrocinaron dos candidaturas
presidenciales independientes. Hasta el momento, la asociación gremial que
reúne a notarios y conservadores acaba de suspender a los dos miembros de su
orden que dieron fe de la validez de las firmas cuestionadas y el Ministerio
Público lleva adelante una investigación que augura más de alguna sanción que
puede ser penalmente menor, pero política y socialmente muy grave.
Si se comprueba que alguna o ambas candidaturas que
hoy son objeto de investigación fueron inscritas mediante un procedimiento
fraudulento, ello abre el espacio para poner también bajo cuestionamiento la
elección presidencial en su conjunto por un problema formal. Afortunadamente,
hasta ahora el sistema político se ha comportado con gran responsabilidad y
nadie ha abierto esa puerta por la obvia razón de que ambas candidaturas que
pasaron a segunda vuelta están libres de un reproche de esta naturaleza y
porque la votación de los impugnados, aunque en un caso es relativamente
considerable, no alcanza a modificar el resultado de la elección, aunque
imaginariamente se imputara por completo a alguna de las dos ganadoras. No
ocurre lo mismo, sin embargo, con la necesidad de una segunda vuelta.
Es evidente que el sistema de firma actualmente
imperante para patrocinar candidaturas independientes, así como para constituir
partidos políticos no ofrece garantías de seriedad y está bajo un nivel de
sospecha social que hace necesario cambiarlo. El sistema que adoptemos debe dar
la posibilidad a los independientes de competir en igualdad de condiciones,
pero ello no puede garantizarse mediante mecanismos que se presten con relativa
facilidad al fraude, pues ello daña nuestra democracia.
De paso, de comprobarse el fraude, la institución
de nuestros notarios sufrirá un duro golpe, lo que es también muy grave, pues
estos ministros de fe cumplen un rol esencial para dar certeza jurídica a las
personas y mitigar el crecimiento de la litigiosidad.
La investigación judicial debe ser minuciosa y las
sanciones, si corresponden, deben ser ejemplarizadoras, pues uno de los grandes
activos de Chile y su democracia es tener un sistema electoral carente de toda
sospecha de corrupción, fraude o cohecho.
Este año, sin embargo, dos hechos de distinta
gravedad amenazan ese prestigio: primero, el eventual fraude con las firmas que
comentamos, y el segundo, que ha pasado inadvertido en esta dimensión, es la
campaña para marcar los votos en apoyo de la asamblea constituyente. En este
segundo caso no tengo ninguna duda de que sus promotores no han tenido la menor
intención de introducir un elemento de fraude, pero sí se ha validado la
posibilidad de que las personas marquen de cualquier manera los votos emitidos,
y eso está socavando gravemente la garantía del secreto del voto.
Hoy se ha hecho con una finalidad política
discutible en su mérito pero exenta de mala intención, pero abierta esta puerta
mañana podría ser utilizada para hacer marcaciones que permitieran conocer la
forma en que votan ciertos electores. Eso, creo yo, no se puede permitir.
Nuestra democracia ha madurado en casi dos décadas
y media, pero esta elección nos ha dejado la clara lección de que es
imprescindible dar un salto tecnológico y pasar al voto electrónico, con
mecanismos de esta naturaleza para la inscripción de candidaturas y las
elecciones mismas.
Para Tejemedios escribió:
CRISTINA BITAR
LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS